Eduardo Ramírez Aguilar Presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República

Senadores de Morena junto con las cuatro integrantes del PES designaron ayer formalmente a Eduardo Ramírez Aguilar del PT como su candidato para presidir el Senado a partir del primero de septiembre y hasta el 31 de agosto de 2021. Este lunes, el pleno de ese órgano legislativo lo elegirá con el respaldo de todas las bancadas.

En la reunión plenaria de Morena, el tema que más tiempo se discutió fue la consulta popular para sancionar a los ex presidentes. Un total de 19 senadores intervinieron –de los 52 presentes– y todos coincidieron en que se debe apoyar esa demanda. Incluso si no se logra reunir el millón 600 mil firmas que se requieren, como plan B los legisladores de la bancada mayoritaria solicitarán que se realice el ejercicio ciudadano.

La bancada de Morena constituyó ayer una comisión, integrada por Citlalli Hernández, Ovidio Peralta, Lucía Trasviña, Salomón Jara, Cecilia Sánchez y Antares Vázquez, que analizará la posibilidad de que los senadores de la 4T presenten una solicitud para realizar una consulta popular sobre el juicio a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

Citlalli Hernández fue quien llevó el tema a la reunión plenaria y pidió el apoyo de los legisladores de su bancada. Se requieren, dijo, las firmas de 33 por ciento de los senadores –un total de 43–, pero somos 61 y todos deben apoyar. Se trata, añadió, de atender una demanda histórica de los ciudadanos para abrir un juicio a los ex mandatarios que cometieron delitos, actos de corrupción o sobornos.

Ovidio Peralta explicó que no se pueden hacer juicios de valor en la pregunta; ésta tiene que ser muy bien cuidada, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si es constitucional o no. Ojalá la solicitud la firmen también las bancadas del PES y PVEM, que han trabajado con Morena.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández, explicó el procedimiento legal de la solicitud de consulta: se requiere la firma de 33 por ciento de los legisladores. El dictamen tiene que ser aprobado en el pleno por mayoría y si logra el respaldo de la revisora, ésta lo envía a la SCJN, que deberá determinar si es constitucional o no.

En la reunión plenaria se informó que de las tres solicitudes de intención de consulta que se presentaron al Senado, la del PT no es procedente por el tipo de pregunta que hace; las que son válidas, son una que impulsan ciudadanos de Oaxaca y otra de habitantes de Guerrero.

Se informó en esa reunión que “hay poco tiempo –15 días– para recolectar las firmas, ya que cuando se juntaron 4 millones para solicitar una consulta sobre la reforma energética, se tardaron cuatro meses en reunirlas”.

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